Día tras día, el cuadruple crimen de Campana sigue conmocionando a todos. Por un lado, Stella Maris Cáceres (foto), la mujer de Angel Fernández, buscó despegarse del caso en su declaración ante la Justicia. Afirmó que no advirtió movimientos extraños en la casa que ocupaba con su pareja, a pesar de que allí se hallaron elementos de la familia asesinada.Por otro lado, el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo, acusado por mal desempeño por haber otorgado arresto domiciliario al principal acusado del terrible asesinato de la familia Mansilla insiste en que le otorgó el “beneficio” por "cuestiones humanitarias". El 16 de febrero de 2007 Schiavo firmó la morigeración de la prisión preventiva de Ángel Fernández, de 41 años, que había sido condenado a 25 años de prisión por violación y homicidio. El asesino poseía una pulsera magnética la cual era controlada en caso de que el “preso” se desprendiera de ella, pero claro, faltó un detalle: la misma perdía efectividad si en el domicilio en el que se encontraba Fernández se cortaba la línea de teléfono, lo cual finalmente ocurrió.
El juez argumentó que en muchos países este beneficio es muy útil, pero no es necesario demasiado razonamiento para interpretar que debería ser usado en casos como mujeres embarazadas y personas mayores, no en asesinos con 25 años de prisión: trató de justificar lo injustificable, ya que en este caso hay 4 muertes que podrían haber sido evitadas si las autoridades hubieran actuado con la debida responsabilidad.





















